La Igualdad de Género es imprescindible para el desarrollo sostenible de los países, se ha demostrado que el aumento de la participación femenina en el mercado laboral genera un crecimiento del ingreso per cápita y que las mujeres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación, la salud y la nutrición. La combinación de estos dos factores contribuyen a la reducción de la pobreza y, a su vez, a la transmisión intergeneracional de ésta; mejorando así a la efectividad en el desarrollo de las inversiones públicas y la calidad de las políticas e instituciones de la sociedad.
Pero aunque la estabilidad económica de las mujeres genera beneficios directos en el bienestar de la sociedad, aumentando la productividad y mejorando otros resultados en materia de desarrollo, lo que se supone una menor pobreza y menor desigualdad, no basta para reducir todas las disparidades de género; para ello se precisan de políticas correctivas que aborden específicamente las desigualdades de género persistentes.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Declaración del Milenio son instrumentos internacionales suscritos por una amplia mayoría de gobiernos del mundo. Los compromisos asumidos se han visto reflejados en las políticas nacionales y los planes de acción sobre igualdad de género, pero a menudo no han sido integrados en todos los programas, políticas o presupuestos nacionales.
En los últimos años, los ORGANISMOS MULTILATERALES (Banco Mundial, EuropeAid entre otros), se han involucrado de manera importante para ayudar a alcanzar los objetivos del milenio o cumplir con los compromisos adquiridos, por los países beneficiarios, con la CEDAW.
Estos organismos que pueden ser financieros como los Bancos de Desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) que proporcionan apoyo financiero a los países prestatarios y asesoría profesional para actividades de desarrollo económico y social en los países en vías de desarrollo, Fondos Especiales de Desarrollo (el Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo…) que hacen donaciones y créditos blandos a los países más pobres e Instituciones dedicadas al desarrollo del sector privado, en las que participan inversores privados y entidades financieras de los países desarrollados. O pueden ser no financieros como las Agencias Especializadas, Fondos y Programas (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM…) e Instituciones Orientadas a la Ayuda Humanitaria)…); la mayoría están integrados en el sistema de las Naciones Unidas.
A día de hoy, estos Organismos son un elemento básico en la cooperación al desarrollo, pues sin ellos sería imposible afrontar muchos de los objetivos de la Comunidad Internacional, contribuyendo por tanto al Empoderamiento de las Mujeres y a la Promoción de la Igualdad de Género, clave para lograr el desarrollo sostenible.
¿Cómo lo hacen? A través de proyectos y acciones específicas en temática de Género en regiones concretas (como Participación política y social de las mujeres, Prevención y erradicación de Violencia de Género, Inclusión social de colectivos de mujeres desfavorecidas, Participación de las mujeres en el Mercado Laboral…) o, con un alcance global aplicado de forma transversal el género en proyectos para aliviar o erradicar la pobreza en su expresión más general y con presencia en todas las regiones del orbe. Pero también, integrando el Género en sus propios fondos y diseminando la estrategia y política de la propia institución sobre Igualdad de Género, con el fin de asesorar y apoyar a los Gobiernos a elaborar políticas que permitan el desarrollo y la participación de la mujer en la vida económica y social del país beneficiario o financiando la sensibilización, el estudio y divulgación de la Igualdad de Género con el objetivo de que las investigaciones sirvan a las autoridades e instituciones de gobierno relevantes del Estado, centros de estudios y sociedad civil a formular nuevas políticas y programas sociales.
Un claro ejemplo “entre cientos” de la utilidad de estos organismos lo podemos ver en el Proyecto Ciudad Mujer en el Salvador, financiado por el BID.
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